Categoría: Internacional

Redacción / Internacional.

La nueva Fiscal General del presidente Donald Trump busca que “los criminales más peligrosos enfrenten las consecuencias más severas” como la pena de muerte a personas inmigrantes que se encuentren sin estatus legal.

Desde su nombramiento como fiscal general, Pam Bondi ha mencionado cambios significativos sobre una serie de medidas que podrían afectar la política sobre pena de muerte. El pasado 5 de febrero emitió un memorándum que permitirá las ejecuciones federales, algo que ya no había ocurrido desde el año 2021.

Además, enfatizó que los fiscales federales deberán solicitar la pena de muerte con mayor frecuencia, en los casos que involucren a inmigrantes indocumentados acusados de delitos graves o a quienes hayan asesinado a oficiales de policía.

Este memorándum se había manejado como una filtración, sin embargo, ahora se encuentra publicado en el sitio web del “DOJ” (Department of Justice) es un memorándum alarmante ya que no solo se habla de que se castigará con pena de muerte a inmigrantes que hayan cometido delitos graves, sino también, se busca la pena de muerte a personas inmigrantes que se encuentren sin estatus legal.

En el documento “Reviving the Federal Death Penalty and Lifting the Moratorium on Federal Executions” (Restablecimiento de la pena de muerte federal y levantamiento de la moratoria sobre las ejecuciones federales) en la página dos, fracción segunda nos menciona lo siguiente; “La política establecida en el Memorando del 20 de marzo de 2018 titulado “Orientación sobre el uso de la Pena de Muerte en Procesamientos Relacionados con Drogas” se reincorpora por la presente. Además de los procesos relacionados con drogas, la política también se aplicará a los casos que involucren crímenes capitales no relacionados con drogas cometidos por cárteles, organizaciones criminales transnacionales y extranjeros que cruzan nuestras fronteras y permanecen en los Estados Unidos sin estatus legal”

Esta medida afecta principalmente a las organizaciones no gubernamentales que apoyan a los inmigrantes indocumentados, como lo es la “CPI” (Corte Penal Internacional).

Redacción / Información Nacional.

Este martes 4 de febrero, el gobierno mexicano, encabezado por Claudia Sheinbaum, dio inicio al despliegue de 10 mil elementos de fuerzas federales en la frontera norte del país como parte del Operativo Frontera Norte. Esta medida responde a los acuerdos de seguridad y comercio establecidos entre México y Estados Unidos, y tiene como principal objetivo fortalecer la seguridad en la zona.

Desde las 6 de la mañana de este martes, 990 agentes de la Guardia Nacional (GN) comenzaron su traslado vía aérea desde el sur del país hacia las ciudades de Tijuana, Baja California; Sonoyta, Sonora, y Matamoros, Tamaulipas. Adicionalmente, más de 6 mil 300 agentes de diversas Coordinaciones Estatales del país se están desplazando por vía terrestre a varias localidades fronterizas, como Tijuana, Tecate y Mexicali, en Baja California; Agua Prieta y Sonoyta, en Sonora; Piedras Negras y Ciudad Acuña, en Coahuila; Ojinaga, Puerto Palomas y Ciudad Juárez, en Chihuahua; así como diversas localidades en Nuevo León y Tamaulipas.

El despliegue también incluye a 2 mil 700 elementos militares provenientes de diferentes estados, como Hidalgo, Tlaxcala, Estado de México, Puebla y Veracruz, quienes comenzaron su traslado terrestre desde el Campo Militar No. 1-A en la Ciudad de México. Estos refuerzos se dirigen principalmente a ciudades como Tijuana, Mexicali, Ciudad Juárez, y Matamoros.

El objetivo central de este operativo es combatir el tráfico de fentanilo y otras sustancias ilegales, así como frenar la inmigración ilegal hacia Estados Unidos. Además, se buscará evitar el tráfico de armas provenientes del país vecino, siempre manteniendo un estricto respeto a los derechos humanos.

El despliegue de estos 10 mil elementos tiene lugar en un contexto de cooperación binacional, en el que los gobiernos de México y Estados Unidos buscan trabajar conjuntamente para fortalecer la seguridad en la región fronteriza.

Román Valle / Información internacional.

El pasado 31 de enero, una aeronave Learjet 55 se estrelló en una zona densamente poblada del noreste de Philadelphia, Estados Unidos, de la empresa “Jet Rescue Air Ambulance”, quien confirmó que los tripulantes y pasajeros eran mexicanos, entre ellos una menor de edad.

De acuerdo con publicaciones en redes sociales, testigos del accidente describen la escena como caótica, con partes del avión impactando contra vehículos estacionados y negocios cercanos a un centro comercial.

Las explosiones seguidas al choque causaron incendios que afectaron varias casas, obligando a los residentes a evacuar la zona de emergencia. En el área residencial donde se produjo el accidente, que está cerca de un centro comercial, causó un gran despliegue de policías, ambulancias y autoridades.

Se confirmó que entre las víctimas se encontraba una menor que regresaba a México junto a su madre, tras recibir tratamiento médico contra el cáncer en Estados Unidos.

Un portavoz de la FAA, dijo a los medios que el avión se estrelló a las 18:30 hora local, tras despegar del aeropuerto del noreste de Filadelfia con destino en Springfield, Misuri.

En consecuencia, los servicios de emergencia, incluyendo el Departamento de Bomberos de Philadelphia, respondieron de inmediato, desplegando todos los recursos disponibles para controlar el fuego y asistir a las víctimas.

Cabe mencionar que el Consulado de México en Philadelphia (Fildelfia), puso a disposición un número de emergencia para asistir a cualquier ciudadano mexicano afectado por este trágico evento.

«La empresa aérea responsable del traslado de las personas pasajeras del avión accidentado en Filadelfia, Estados Unidos, confirmó al Consulado de México en esa ciudad, que seis personas de nacionalidad mexicana viajaban en la aeronave», apuntó la SRE en un comunicado.

Agregó que personal de la citada sede diplomática «se encuentra en contacto con familiares, y brindará todo el acompañamiento y asistencia consular requerida», y estará pendiente en caso de que haya más connacionales afectados en las cercanías del percance.

El gobernador de Pensilvania, Josh Shapiro, describió el accidente en Filadelfia de un avión pequeño de evacuación médica privado, con seis personas a bordo como «un terrible desastre de aviación». La FAA y la Junta Nacional de Seguridad del Transporte, están investigando el incidente aéreo.

Esta nueva tragedia se produjo después de que el pasado miércoles un helicóptero militar chocara contra un avión comercial cerca del Aeropuerto Nacional Reagan de Washington, provocando la muerte de las 67 personas que iban a bordo de ambos aparatos.