Frente a las actuaciones del entonces Instituto Federal Electoral en el controvertido triunfo electoral de Felipe Calderón, Andrés Manuel Lòpez Obrador pronunció una frase por la que los políticos del PRI, el PAN y muchos intelectuales orgánicos se rasgaron las vestiduras: “Al diablo con las instituciones”, dijo ese año.
Ante el todavía no justificado despido de Santiago Nieto Castillo, fiscal especial para la Atención de Delitos Electorales (Fepade), que llevó a un conflicto en el Senado de la República, instancia encargada de cesar al funcionario, se reforzó la sospecha de que el grupo actualmente en el poder busca una estructura electoral a modo, para garantizar la permanencia de este grupo al frente del gobierno.
Afortunadamente, el conflicto en el Senado fue resuelto el viernes pasado, cuando Santiago Nieto decidió no impugnar ante la cámara alta su despido y manifestó su decisión de no regresar a la Fepade; sin embargo, se mantienen los indicios de que su despido forma parte de esa estrategia de tener instituciones electorales a modo para el triunfo del candidato priista.
El asunto no es menor, si tomamos en cuenta el pretexto que el encargado de despacho de la Procuraduría General de la República utilizó para deshacerse del titular de la Fepade.
Dos días antes de su remoción, Santiago Nieto Castillo reveló que el exdirector de Pemex Emilio Lozoya Austin le envió una carta en donde le pedía fuese exonerado de presuntos desvíos de recursos de la empresa brasileña Odebrecht por 10 millones de dólares que podrían haberse utilizado para la campaña electoral del PRI en 2012; la empresa, por cierto, fue beneficiada con muy buenos contratos durante la gestión de Lozoya al frente de Pemex.
Como fiscal especial, Santiago Nieto abrió la investigación en el caso de Odebrecht y apuntó los indicios de presunto delito electoral hacia Emilio Lozoya; sin embargo, si se comprueba que esa empresa brasileña aportó recursos millonarios para la campaña priista de 2012, los efectos serían desastrosos no solo para el PRI, pues afectarían la misma figura presidencial.
Esto lleva a la sospecha de que el grupo en el poder buscó el pretexto para deshacerse de un fiscal que estaba cumpliendo puntualmente con su deber de investigar los presuntos delitos electorales, tarea de vital importancia para darle credibilidad a las elecciones de 2018.
A este despido se une el desprestigio en que han caído el Instituto Nacional Electoral y el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación con decisiones que apuntan a favorecer al partido en el poder y por los mecanismos con los que dificulta el registro de candidatos independientes para contender en 2018. A esto se une que no hay fiscal anticorrupción.
Con estas decisiones se está haciendo realidad la frase pronunciada por López Obrador; pero ahora quien está mandando al Diablo a las instituciones es el grupo gobernante, los jóvenes del “nuevo PRI” del partido que por las acciones de este grupo debería llamarse, como lo señalé en una columna anterior, Partido Neoliberal Institucional, a cuyo cobijo ha ascendido al poder una nueva generación de políticos cuyas principales características son la ineptitud y la corrupción.
Para los mexicanos será desastroso que las instituciones garantes de la legalidad y la democracia sean mandadas al diablo por la ambición de un grupo que quiere continuar en el poder a toda costa, para vivir del erario y fomentar la corrupción, amparados por la impunidad que les darían instituciones electorales y de procuración y aplicación de la justicia dispuestas a servir de comparsas para que este grupo de políticos continúe gozando de impunidad.
Habrá que ver cuál será la reacción de este grupo ante la decisión de Santiago Nieto de no impugnar su renuncia, pues podrían buscar la manera de abrir un proceso en su contra.
Asimismo, es muy válida la afirmación del presidente del Senado, de que esta renuncia brinda la oportunidad de nombrar un fiscal electoral honesto, imparcial y con las capacidades necesarias para darle al proceso electoral la certeza que requiere para evitar la desestabilización del país.