Por: Nicolás Dávila Peralta
El miércoles 17, fue presentada la nueva política de comunicación social del gobierno federal, la cual tiene entre sus objetivos transparentar la información que generan las instancias oficiales y terminar con la inequidad en el trato con los medios informativos.
Desde siempre, las relaciones entre los medios y los gobiernos, tanto federal, como estatales y municipales, se han sustentado en un trato desigual, basado en las simpatías o antipatías políticas, ideológicas y económicas de funcionarios y comunicadores; trato que de ser costumbre se convirtió en una ley no escrita que favoreció la corrupción y cuyo signo más reprobable fue el pago de favores a directores de medios y reporteros, conocido en el medio como “chayote”.
De estrada, el gobierno federal anunció una reducción del 50 por ciento en el presupuesto destinado a comunicación social, lo que rompe con la costumbre de que esa área de la administración contaba con el dinero suficiente y hasta con excedente, para pagar favores y tener medios dedicados a aplaudir al gobernante en turno y atacar a sus opositores.
Otro aspecto importante es la forma de utilizar estos recursos. De entrada, el gobierno anunció el cambio de los contratos anuales con los medios por solicitudes de servicio, lo cual en una medida clara para acabar con el “chayote”, pues no habrá medios que cobren por un servicio anual de publicidad directa o indirecta (disfrazada de nota informativa).
Otro aspecto importante es el trato igualitario para todos los medios, porque aporta a desterrar el trato privilegiado para unos y la marginación de otros. Con esto el gobierno busca terminar con el sistema de premios y castigos a los medios, según la orientación de su información.
Desde luego que, como en cualquier sistema democrático, como el que se pretende consolidar en México, se mantiene la libertad de información y opinión, pero también el derecho de réplica, cuando la información que difunda un periodista o un medio, desinforme o ataque a una persona.
Sin duda, esta nueva política de medios no será del agrado de muchos; sobre todo de quienes estaban acostumbrados a obtener buenos ingresos al poner la pluma al servicio de algún funcionario, o a pactar contratos que ponen en el altar de los sacrificios a la veracidad y la objetividad.
Esta nueva política de comunicación del gobierno federal constituye el primer paso para lo que el presidente Andrés Manuel López Obrador ha llamado un “cambio desde arriba”; esta política va dirigida a los medios nacionales; pero es el primer paso. Falta ver cómo reaccionan esos medios frente a la nueva política, porque los contratos significaban dinero.
Un riesgo claro es el cambio de postura de algunas empresas de comunicación que optarán por nuevos “padrinos”, entre las organizaciones ubicadas en la oposición, lo que brindará a éstas de medios dedicados, no a informar, sino a golpear al gobierno federal.
Como cambio cuya dinámica es cambiar de arriba hacia abajo, la nueva política aún está lejos de eliminar los vicios en los medios estatales y aún más en los regionales, muchos de ellos acostumbrados a alabar a quien les paga y a golpear a quienes no se doblegan a sus exigencias.
Desde luego, esto demuestra un ejercicio periodístico carente de ética y profesionalismo, actitudes de trabajadores de la información para quienes la objetividad, el profesionalismo y la veracidad son obstáculos para obtener prebendas de las autoridades.
Para desterrar estos vicios en los medios estatales, pero sobre todo en los regionales, todavía queda un largo camino, sobre todo cuando aún persiste el concepto en algunos niveles de autoridad y en amplios sectores de la sociedad, de que el periodista es una persona influyente y no un servidor de la información.