Redacción / Puebla.
El penal de San Miguel se encuentra en el ojo del huracán tras descubrirse que uno de sus internos, de apellido Toxqui, fue liberado el pasado 13 de octubre a pesar de tener una causa penal vigente por el delito de violación. Este escándalo involucra a servidores públicos del Departamento Jurídico del Centro de Reinserción Social de Puebla, quienes ejecutaron la liberación del imputado por orden de un Juez de Control, sin verificar adecuadamente la situación legal del interno.
La noticia se propagó rápidamente, generando indignación y preocupación entre la población. Un delito tan grave como la violación merece la máxima atención y un proceso legal riguroso, por lo que la liberación de un imputado bajo dicha circunstancia es considerada una grave falla en el sistema penitenciario.
Ante estos hechos, la Secretaría de Seguridad Pública (SSP) emitió un comunicado oficial en el que reconoce el actuar indebido por parte de los servidores públicos del Departamento Jurídico del penal. A través de la denuncia correspondiente, la SSP informó a la Fiscalía General del Estado para que se inicien las investigaciones necesarias y se deslinden responsabilidades.
La SSP también anunció que su Dirección General de Asuntos Internos ha abierto un expediente con el objetivo de recabar información y determinar las responsabilidades de los servidores públicos involucrados. Esta medida busca garantizar la transparencia y el buen funcionamiento del sistema penitenciario, así como prevenir futuras irregularidades de este tipo.
El comunicado de la SSP no revela la identidad del interno liberado ni los detalles de la causa penal que tenía pendiente. Sin embargo, se especula que el interno podría estar relacionado con un caso de feminicidio y/o abuso sexual a un menor. Hasta el momento, las autoridades no han confirmado ni desmentido esta información, generando incertidumbre y preocupación en la sociedad.
Este escándalo pone en evidencia la falta de coordinación y control dentro del sistema penitenciario, así como la necesidad de implementar medidas más rigurosas para evitar la liberación de imputados con causas penales vigentes. La sociedad exige respuestas claras y contundentes por parte de las autoridades, así como la revisión exhaustiva de los procesos de liberación de internos en todos los penales del país.
La SSP, por su parte, ha reafirmado su compromiso de actuar en consecuencia y colaborar con la autoridad ministerial en la localización del interno liberado. Sin embargo, la responsabilidad no recae únicamente en esta institución, sino en todo el sistema de justicia penal mexicano, que debe revisar y fortalecer sus protocolos y mecanismos de seguridad para evitar que casos como este vuelvan a ocurrir.