Redacción / Esperanza
De acuerdo con el fiscal general del estado, ya se encuentra investigando el caso de la muerte de una mujer y las heridas de otras dos personas por una confrontación entre civiles y agentes de la FGE. Cabe mencionar que fueron los mismos habitantes quienes acusaron a las autoridades de haber disparado en contra de los tres individuos, por lo que su culpabilidad queda en espera de ser juzgada.
Los hechos ocurrieron la noche del miércoles 13 de septiembre, cuando agentes ministeriales especializados en Investigación de Delitos de Alta Incidencia acudieron hasta la autopista Puebla – Córdoba, a la altura de la comunidad de Esperanza para realizar unos cateos en cinco de las llamadas cachimbas por una investigación de narcomenudeo y otros actos delictivos.
Para su mala suerte y tal como lo relata el fiscal Gilberto Higuera Bernal, al proceso llegaron varios grupos de personas impidiendo continuar con el mandato judicial. Añadido a esto, los lugareños traían consigo palos, piedras y bates de beisbol, con los que agredieron a las autoridades; además de utilizar los puños, dejando a uno de los agentes con heridas no graves.
No obstante, según datos extraoficiales, el otro bando no corrió con tanta suerte; ya que una mujer de nombre Petra N. de 43 años de edad, falleció luego de recibir impactos de arma de fuego en el pecho y otros dos de nombre Víctor N. de 25 y Adela N. de 40, resultaron hospitalizados luego de recibir balazos a la altura de la cadera y en el costado derecho de la espalda respectivamente.
Luego de esto, los civiles comenzaron a denunciar a los oficiales de la Fiscalía General del Estado, como los culpables de estas atrocidades; por lo que desde las dos de la madrugada del jueves 14 hasta las seis de la mañana con treinta minutos, se mantuvo bloqueada la autopista en ambos sentidos para recolectar información relevante de los sucesos.
Los agentes envueltos en esta polémica se vieron concentrados para que se les realizara las pruebas de balística y así saber si alguno de ellos disparó. Este protocolo consiste en resguardarlos en el edificio central, donde se les retiran las armas y así empezar unas pruebas forenses para determinar si fueron accionadas recientemente, algo que han hecho siempre, no solo en esta ocasión.