Este año se realizan procesos electorales que constituyen el antecedente de lo que será 2018, cuando los mexicanos elegiremos presidente de la República y legisladores del Congreso de la Unión, así como varios gobernadores, alcaldes y diputados locales. Entre estos procesos, destaca el que se realiza en el Estado de México porque anuncia lo que podrán ser las elecciones federales.
Tal como han iniciado las campañas en ese estado (mal llamado “de México”), del cual es originario Enrique Peña Nieto y sede, además, del grupo en el poder, el proceso repite las peores estrategias del partido que detenta el gobierno federal, manifiesta las fallidas estrategias de los otros partidos e induce a los ciudadanos a desandar el escabroso camino que lentamente se ha recorrido hacia una sociedad democrática.
En la misma dinámica que inauguró Vicente Fox el año 2000, cuando anunció que sacaría de Los Pinos a las “víboras prietas y tepocatas”, el proceso electoral toluqueño está marcado por las ofensas, calumnias y descalificaciones de los candidatos. Calderón se burla del nombre de la candidata de Morena, Delfina, y las mujeres priistas le hacen segunda al calificarla de mentirosa, incapaz y manipulada por “un grupillo de ex perredistas”.
A la candidata panista Josefina Vázquez la acusan de utilizar 900 millones de pesos de recursos públicos en una fundación a su cargo y le endilgan el título de corrupta, en tanto que al priista Alfredo del Mazo le recuerdan su parentesco con Peña Nieto.
Pero esta guerra sucia, esta propaganda negra, es solo una de las estrategias para enlodar al contrario. Hay más.
Se repiten, sobre todo por parte del partido en el poder, las estrategias de compra de votos recurriendo a la manipulación de la población más pobre de ese estado; hace cinco años fueron las tarjetas de una tienda departamental, hoy son las tarjetas La Efectiva Liconsa, que maneja Banorte, dirigido por un nieto de Carlos Hank González, fundador del Grupo Atlacomulco, en una dinámica de la entrega de tarjetas a cambio de credenciales de elector.
A esto se unen las giras al estado toluqueño de secretarios del gobierno federal y hasta de la primera dama Angélica Rivera (“La Gaviota”), para entregar apoyos e inaugurar obras, además del gasto en difusión de las obras realizadas por el gobierno de Eruviel Ávila a través de la televisión abierta, sea en spots o por medio de propaganda disfrazada de notas informativas.
En fin, todos los recursos del Estado, tanto del gobierno federal como del estatal, para apoyar y hacer ganar al candidato tricolor.
Y si eso no fuera suficiente, los políticos toluqueños han vuelto los ojos hacia la Iglesia Católica en busca del apoyo de los obispos de las 11 diócesis de ese estado, más el obispo de Ciudad Altamirano, Guerrero, que incluye parroquias en la entidad toluqueña. Los doce obispos, más los dos auxiliares de la arquidiócesis de Tlalnepantla se reunieron con Peña Nieto en Los Pinos.
Después de la reunión, los prelados publicaron un mensaje titulado “La democracia y sus oportunidades”, donde llaman a la participación electoral para evitar “el retorno del autoritarismo político y el populismo autoritario” (¿será que entre líneas descartan votar por el PAN o por Morena?) y llaman a “evitar una campaña en base a la descalificación y denigración entre los contendientes”, exactamente lo que ha hecho Calderón y las dirigentes priistas encabezadas por Claudia Ruiz Massieu, sobrina de Carlos Salinas.
En la campaña toluqueña falta lo principal: las propuestas; no las promesas, sino la presentación de un proyecto integral para el desarrollo de ese estado; falta, además, el conocimiento real de cada uno de los candidatos: su trayectoria política y profesional y sus capacidades para gobernar.
Si las estrategias que hoy se aplican en el estado toluqueño marcan la pauta para 2018, nos enfrentaremos a un combate de lodo entre candidatos, una lluvia de despensas y otros regalos para comprar el voto de la gente pobre, sin conocimiento real de lo que los ciudadanos gozarán o sufrirán en el futuro.