Nicolás Dávila Peralta / Punto de Vista
El lunes 31 de octubre el Consejo de Presidencia del Episcopado Mexicano publicó un documento con el título: “Mensaje al pueblo de México sobre la iniciativa de una reforma constitucional en materia electoral”, en el cual presentó su postura frente a la iniciativa de reformas constitucionales en materia electoral presentada por el presidente de la República y discutida actualmente en la Cámara de Diputados.
De entrada, el tema no tiene nada que ver con asuntos de fe y moral; se trata de una postura eminentemente política frente a un asunto, sin duda, de interés nacional frente a una iniciativa que incide no solo en los organismos electorales -el Instituto Nacional Electoral (INE) y el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF)-, sino en la representación popular y nacional en las dos cámaras que integran el Congreso de la Unión (diputados y senadores) y en el financiamiento de los partidos políticos, así como en la realización de los procesos electorales.
Es claro que la iniciativa presidencial debe ser analizada y consensuada por el Poder Legislativo, y el Poder Judicial tendrá que hacerse escuchar en el campo que le corresponde: el del TEPJF.
Pero lo que sorprende en el documento de los obispos de México es que no presenta orientaciones de carácter ético ni plantea principios de la doctrina social católica, sino que abiertamente asume una postura política en contra de la iniciativa del presidente Andrés Manuel López Obrador.
En el segundo párrafo del documento, asumen una postura de defensa absoluta al INE del cual afirman que “ha permitido durante los últimos 25 años la realización de procesos electorales (generales o locales) justos, equitativos, abiertos, transparentes y confiables, de forma legal y pacífica, para la renovación de los cargos de elección popular”.
Esos calificativos de “justos, equitativos, abiertos, transparentes y confiables” no embonan con lo sucedido en los procesos electorales de 1997 a la fecha; sobre todo en las elecciones de 2006, donde el triunfo del panista Felipe Calderón fue cuestionado y la imparcialidad del Instituto Federal Electoral quedó en entredicho.
Pero más adelante, los obispos se ponen abiertamente a favor de la postura de los partidos de la alianza Va X México, al afirmar: “…expresamos nuestra franca preocupación, al igual que muchos ciudadanos y organizaciones de la sociedad civil -y de las mismas organizaciones políticas-, por el impulso que se da a una Reforma Constitucional en materia Electoral, por iniciativa del Ejecutivo Federal, que está en proceso en la Cámara de Diputados y que, por su orientación y motivos, es claramente regresiva, más aún, constituye un agravio a la vida democrática del país, reforma destinada a afectar la representación y el equilibrio de las minorías y mayorías, llevando el control de los comicios hacia el ámbito del gobierno federal centralista, afectando su gestión presupuestal, eliminando su autonomía ciudadana y su imparcialidad partidista”.
Y arremete contra el Poder Ejecutivo, proponente de la iniciativa afirmando que:
“Ningún ciudadano y menos los gobernantes que juraron guardar y hacer guardar la Constitución de los Estados Unidos Mexicanos, tienen derecho a impulsar reformas que eliminen o comprometan la fortaleza de las instituciones que son el Soporte del Estado Mexicano, como es el caso del INE y el TEPJF. La sola pretensión de hacerlo pone en entredicho la calidad moral de quienes la impulsan”.
Finalizan la carta apelando a un compromiso por el bien común para pedir “detener el intento de minar a esas dos instituciones” y hacen un exhorto al presidente y a los legisladores a asumir su “responsabilidad ante la historia y las futuras generaciones, haciendo a un lado intereses ideológicos particulares e inapropiados para el bien común en un Estado de Derecho Democrático como es México”.
Desde luego, la iniciativa presidencial debe ser profundamente analizada por el Poder Legislativo; tiene aspectos cuestionables, pero tiene otros que constituyen un reclamo de varios años, como el financiamiento excesivo a los partidos políticos, la sobrerrepresentación en el Congreso de la Unión, los escandalosos salarios de los consejeros electorales y la permanencia de éstos en sus cargos por más tiempo que los funcionarios elegidos por el voto popular.
Los obispos han hecho caso omiso de estos y otros aspectos de la vida democrática; el documento defiende sólo una postura, la de la alianza Va X México y ha ignorado las demandas del resto de ciudadanos.
Por si fuera poco, su toma de postura política va en contra de uno de los puntos centrales de su ministerio episcopal: ser pastores que unen al rebaño, no que lo dividen en buenos (los que aceptan sus palabras) y malos (los que no pensamos como ellos).
La reforma electoral, reitero, debe ser fruto de un análisis serio tanto de la iniciativa presidencial como de las otras iniciativas presentadas por los partidos políticos. Así lo requiere la vida democrática que hoy es una carga económica para los mexicanos.
Retazos
Los medios han dado a conocer una encuesta realizada por el INE en el mes de septiembre donde más del 50 por ciento de mexicanos está a favor de la reforma electoral; sin embargo, los consejeros electorales ocultaron hasta finales del mes de octubre los resultados de esta encuesta.
Así de “transparentes y confiables” son los consejeros del INE.