Nicolás Dávila Peralta
El próximo sábado, Andrés Manuel López Obrador rinde protesta ante el Congreso de la Unión como Presidente de la República. En su primer mensaje describirá, sin duda, los pasos que su administración dará para hacer realidad su propuesta de nación que, a lo largo de su campaña identificó como la cuarta transformación.
A diferencia de las administraciones que le precedieron, donde la figura del nuevo presidente se hacía notar hasta el 30 de noviembre, cuando presentaba oficialmente su gabinete, López Obrador ha presentado a lo largo de estos meses su equipo de trabajo y ha tomado decisiones que deberá oficializar a partir del 1 de diciembre.
Son precisamente algunas de las decisiones que ha ido tomado a lo largo de estos cuatro meses lo que ha generado una serie de reacciones en pro y en contra, algo que para muchos presenta una contradicción con lo prometido durante la campaña electoral.
La consulta sobre el aeropuerto, el Tren Maya, la integración de un consejo del sector privado, su plan para enfrentar la violencia, la inseguridad y la corrupción; a lo se unen las iniciativas presentadas en el Congreso de la Unión por la coalición Juntos Haremos Historia que, presuntamente, indican ya el rumbo de la administración de López Obrador, son motivo de discusión e incluso de ataques anticipados al aún Presidente Electo.
Muchos izquierdistas y ciudadanos que votaron por la coalición “Juntos Haremos Historia”, se sienten desilusionados con el nuevo mandatario; consideran que las decisiones anunciadas se orientan en sentido contrario de lo que el país necesita. Por otra parte, la oposición arrecia su campaña negra anunciado que le espera a México un sexenio de contradicciones e incluso llegan ya a considerar su gestión como autoritaria.
Ambas percepciones están equivocadas.
Lo desilucionados, centraron sus perspectivas en una gestión presidencial que desenfundara la espada para destruir lo establecido por “la mafia del poder”, y construir sobre sus ruinas la “cuarta transformación”.
Por esto, reclaman el cumplimiento del discurso de campaña que prometía regresar a las fuerzas armadas a sus cuarteles; cuestión que, curiosamente, le sirve de argumento para la campaña negra a quienes sacaron al ejército a las calles. También le reclaman su alianza con un sector del empresariado y la afirmación de que no perseguirá a los funcionarios salientes.
Se olvidan éstos que lo prometido en campaña no fue destruir, sino transformar, regenerar. Destruir significa deshacer, inutilizar las estructuras, y eso, en un gobierno es irracional. No se puede derrumbar todo el andamiaje que sostiene la vida social, política, económica y cultural de una nación. Solo las revoluciones armadas construyen sobre las ruinas y la nueva administración es fruto de un proceso electoral no de un levantamiento armado.
Por el contrario, el partido que llega al poder tiene como objetivo REGENERAR; esto es, restablecer, mejorar lo que se ha degenerado; y esto es precisamente el mandato de los electores.
El voto rechazó un modo de gobernar sustentado en la corrupción, la impunidad, la acumulación desmedida de capital por un reducido grupo de empresarios nacionales, pero también por consocios internacionales voraces. Hay que regenerar el modo de hacer política, pero también regenerar el tejido social dañado.
Para esto, un gobernante debe tomar en cuenta a todos los factores que integran la estructura social y relacionarse con todo ellos, sin capitular de los principios que sustentan el plan de gobierno. Ese es el camino para transformar al país.
Sin duda hay riesgos; muchos. Regenerar, transformar, significa avanzar con base en diálogos que generen acuerdos, que busquen consensos; pero que no impliquen renunciar a los principios ni a los objetivos trazados.
Ese será el camino de la nueva administración federal. El nuevo gobernante y su equipo de trabajo tendrán, muchas veces, que caminar sobre la cuerda, guardar el equilibrio, para lograr la regeneración, la transformación y no destruir los cimientos de la sociedad.