Después de 11 años de la infame represión de San Salvador Atenco, en el Estado de México, el caso que parecía olvidado ha llegado a la Corte Interamericana de Derechos Humanos, a través de la denuncia mujeres torturadas, violadas y encarceladas en los operativos policiacos de los días 3 y 4 de mayo de 2006.
En ese año, los campesinos de Atenco se opusieron a la decisión del entonces presidente Vicente Fox Quezada de expropiar sus tierras para la construcción de otro aeropuerto internacional para la Ciudad de México. Fueron varias las marchas de los habitantes de esta región del Estado de México, en protesta por la decisión presidencial.
Pero fue el 3 de mayo de 2006, cuando se desató la represión en Atenco. El gobernador del Estado de México era entonces Enrique Peña Nieto y como tal, fue el principal responsable de los hechos que dejaron tres personas muertas, se capturó a los dirigentes del Movimiento en Defensa de la Tierra; pero en el operativo también se apresó a gente inocente, cuyo delito fue estar en el lugar equivocado.
La represión fue diseñada por las fuerzas de seguridad del Estado de México y las reuniones para este diseño estuvieron presididas por el gobernador Enrique Peña Nieto. Así fue como se montó un operativo con más de mil 800 elementos estatales y 600 federales, a fin de desbloquear la carretera Texcoco-Lechería, liberar a servidores públicos retenidos por el Frente y “restablecer el estado de derecho”.
Así inició el operativo donde fueron detenidas, torturadas y violadas más de 30 mujeres a las cuales se les acusó de atentar contra las vías de comunicación y secuestro, entre otros delitos. Tras su liberación, iniciaron un proceso ante la Comisión Nacional de Derechos Humanos que llegó a la Procuraduría General de la República, donde se “congeló”.
De este grupo, 11 mujeres continuaron el proceso en contra del Estado Mexicano y el del Estado de México, señalando como culpables no solo a las fuerzas policíacas, sino al procurador mexiquense y al entonces gobernador Enrique Peña Nieto; esta vez, ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos.
Las recomendaciones de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos fueron presentadas al gobierno mexicano ya en el sexenio de Enrique Peña Nieto; sin embargo, el Estado mexicano no dio respuesta a las recomendaciones contenidas en el Informe de Fondo 74/15, emitidas el 28 de octubre de 2015.
En ellas se responsabilizó al Estado mexicano de violar el derecho a la libertad personal y las garantías judiciales; atentar contra la integridad personal de las demandantes y de sus familiares; además se le acusó de atentar contra la vida privada, la dignidad, la igualdad y la no discriminación.
Ante la indiferencia del gobierno de Peña Nieto para dar cumplimiento a las recomendaciones de la CIDH, el caso de estas víctimas fue turnado a la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Las mujeres cuentan con la asesoría del Centro de Derechos Humanos Agustín Pro Juárez (Centro Prodh) y el Centro por la Justicia y el Derecho Internacional (CEJIL).
Las audiencias públicas en donde las mujeres de Atenco presentaron su caso se realizaron el jueves 16 y el viernes 17, en San José de Costa Rica,
El asunto no es menor; por el contrario, demuestra que ha habido una greve omisión de los gobiernos federal y estatal por hacer justicia no solo a las 11 mujeres que han presentado su caso a instancias internacionales, sino a cientos de personas cuyos derechos a la vida y a la integridad física y psicológica fueron violados a partir de ese 3 de mayo de 2006.
Esto refleja que se ha buscado proteger a Enrique Peña Nieto, principalmente, de las responsabilidades de la sangrienta represión de San Salvador Atenco, lo cual es una evidencia más de la impunidad que ha imperado en las instituciones gubernamentales.