La semana pasada, los mexicanos de a pie descubrimos que los denominados intelectuales de México, están preocupados por el rumbo que está tomando el país y hacen un llamado a formar un frente amplio en contra del Presidente de la República y su partido, con miras a las elecciones de 2021.
En un desplegado publicado en la prensa escrita bajo el título de “Contra la deriva autoritaria y por la defensa de la democracia”, este grupo de “notables” muestra su inconformidad porque Morena, el partido que llevó a López Obrador al poder, junto con con partidos aliados y “la compra de representantes electos de otros partidos” (así lo dicen), constituye una mayoría que contradice a la democracia. Esto, dicen, somete al Legislativo “a los dictados del Ejecutivo”.
Acto seguido, acusan al Presidente de concentrar el poder en sus manos, “en detrimento de los otros poderes”.
Lo acusan también de tomar decisiones personales y polarizar a la sociedad, desacreditar los órganos especializados (INE) y despreciar organizaciones autónomas y las instituciones científicas y culturales y el movimiento de las mujeres.
Respecto al Covid lo acusan de una política suicida en materia económica y de utilizarla para la “demolición del Estado y el control del poder”.
Y aquí viene el pronunciamiento político en vísperas del proceso electoral 2021: “Pensamos que es imperativo corregir el rumbo y recuperar el pluralismo político y el equilibrio de poderes que caracterizan a la democracia constitucional”.
Y añaden:
“La única manera de lograrlo es mediante una amplia alianza ciudadana que, junto con los partidos de oposición construya un bloque que, a través del voto popular, restablezca el verdadero rostro de la pluralidad ciudadana en las elecciones parlamentarias de 2021”.
La respuesta del presidente Andrés Manuel López Obrador no se hizo esperar; al tiempo que se congratulaba porque los intelectuales se quitaban “la máscara” para revelar sus verdaderas intenciones, reiteraba que el rumbo del país no va a cambiar.
Otro grupo respondió con otro desplegado, más corto, pero con la misma orientación: salvar a la democracia.
Desde luego, los partidos de oposición, principalmente el PAN y el PRI, aplaudieron a los intelectuales.
Tres cuestiones me llaman la atención en estos desplegados.
PRIMERO: Por tercera ocasión, los intelectuales se erigen como los grandes electores de la vida política nacional. En las elecciones del año 2000, hicieron un llamado a ejercer el “voto útil” a favor de Vicente Fox, para terminar con la hegemonía del PRI y darle paso a la alternancia. Después, en 2012, un grupo de ellos llamó a votar en contra de Peña Nieto, y en 2018, otros más convocaron a votar por López Obrador.
DOS: Es cierto, no podemos meter a todos en la misma línea ideológica, pero los que hoy llaman a formar un bloque amplio opositor son los que guardaron silencio frente a los errores de los gobiernos anteriores. Ahí están las firmas de “intelectuales” favorecidos por Carlos Salinas; de otros que desde 1989 pugnaban por la privatización de la educación; también los que guardaron silencio frente a la masacre de Acteal o la desaparición de los estudiantes de Ayotizinapa: otros más de reconocida orientación panista y hasta un miembro prominente del gabinete de Vicente Fox. Gente que guardó silencio durante el priato y durante la guerra infame de Felipe Calderón y hoy se rasgan las vestiduras y proclaman que el país va hacia el abismo.
TERCERO: Los firmantes, como lo expresé líneas arriba, se consideran los “notables” del país, líderes de opinión portadores únicos de la verdad política y filosófica y, por lo mismo, los guías de una población ingenua que en 2018 se dejó llevar por el carisma de un hombre.
Sin embargo, habría que preguntarse: ¿qué porcentaje de los más de los 90 millones de mexicanos en edad de votar conoce a estos “notables” que hoy se yerguen como paladines de la democracia?
Los firmantes de estos desplegados se olvidan que el voto de 2018 fue un grito de hartazgo ante un sistema político y económico que llevó a la pobreza a más de la mitad de los mexicanos; que redujo el poder adquisitivo de los trabajadores con salarios mínimos anticonstitucionales y, sobre todo, ante una clase política y empresarial cuyas normas de conducta fueron la corrupción y la impunidad.