Por: Alejandro García Azcué
En días anteriores, se ha suscitado una rebelión interna dentro de uno de los pilares de justicia del Estado, que es el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF). Pero antes quisiera esbozar de cómo están estructurados los poderes de la federación.
Del Título Tercero, Capítulo I de la Constitución, que habla de la División de Poderes, en el artículo 49 establece: El Supremo Poder de la Federación se divide para su ejercicio en: Ejecutivo (presidente de la República); Legislativo (cámaras de diputados y senadores); y Judicial (Jueces).
Por otra parte, el artículo 94 constitucional que regula orgánica, estructural y jurídicamente al Poder Judicial de la Federación (PJF), establece que: Se deposita el ejercicio del Poder Judicial de la Federación en; 1) una Suprema Corte de Justicia de la Nación; 2) un Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, y 3) en tribunales colegiados de circuito, tribunales unitarios de circuito, juzgados de distrito, el Consejo de la Judicatura Federal, el Jurado Federal de Ciudadanos y los tribunales de los estados.
El tribunal Electoral, se integra por siete magistrados electorales, los cuales son propuestos por la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) y elegidos por el voto de las dos terceras partes de los miembros de la Cámara de Senadores, y son nombrados por un periodo de nueve años.
Hace unos días, cinco de los magistrados del Tribunal Electoral desconocieron el nombramiento del presidente en turno de este tribunal, el ministro José Luis Vargas Valdez, y en ausencia de éste, se nombró al ministro Reyes Rodríguez Mondragón.
Dichos magistrados argumentan que, por culpa de José Luis Vargas, este tribunal no era honesto y que muchas de sus resoluciones estaban basadas en intereses de grupo y de poder.
Pero da la casualidad, que Reyes Rodríguez Mondragón, electo por magistrados para liderar el TEPJF, ha sido señalado por su relación con el calderonismo.
El Magistrado electo hoy por sus compañeros para reemplazar a José Luis Vargas Valdez, fue señalado en 2020 como uno de los encargados de convencer a los magistrados del TEPJF de darle el registro como partido político a México Libre, “movimiento de la familia de Calderón y Margarita Zavala”.
La relación entre Reyes Rodríguez y Felipe Calderón fue evidenciada cuando, el 5 de octubre de 2020, el Magistrado publicó: “Ojalá ya se muera ese viejo culero de Palacio Nacional”, refiriéndose al presidente Andrés Manuel López Obrador.
La Sala Superior es el órgano soberano para decidir sobre la vida interna del tribunal, entonces tiene la facultad para designar a su presidente, en este caso, lamentablemente, se tuvo que llegar a la remoción y sí, como instancia última, las decisiones de la Sala Superior son inatacables. Los magistrados rebeldes argumentaron, que José Luis Vargas fue destituido “a fin de salvaguardar la independencia, autonomía e imparcialidad del órgano jurisdiccional”.
A últimas horas, el nuevo magistrado presidente Reyes Rodríguez ha desistido de su cargo, por lo que ahora, se ha nombrado al magistrado Felipe Alfredo Fuentes Barrera como nuevo presidente, por ministerio de ley, de la Sala Superior del TEPJF hasta el 1 de septiembre. Queda como interino, y próximamente en el pleno, se nombrará al magistrado presidente. Todo esto, solamente explica la podredumbre de las instituciones electorales que por muchos años han estado al servicio del gobierno en turno y de los poderes fácticos de México.
Cuando una elección no se ganaba en las urnas, se ganaba en la mesa, con el apoyo de este tipo de controvertidos magistrados del tribunal electoral. Como ejemplo, está el fraude en donde, la finada panista poblana, Martha Erika Alonso de Moreno Valle, ganó la elección para la gobernatura poblana, con el apoyo del Tribunal Electoral.
Por eso es importante, como dice AMLO, que haya una reforma para que todos esos jueces que han lucrado con la ignorancia y apatía de los mexicanos, sean castigados. Por lo que se deben de llevar a cabo reformas, donde estos jueces tengan sanciones como amonestaciones, suspensiones, destitución y hasta cárcel, por los delitos de tráfico de influencias, corrupción, conflicto de intereses, acoso sexual y laboral entre otros.