Querido lector, quiero proponerte hacer un ejercicio mental. Por un instante, quisiera pedirte que hagas el penoso ejercicio de imaginar que transitas por una calle de nuestro querido Izúcar y un par se adolescentes te abordan y piden -a punta de pistola o cuchillo- que le entregues tu celular, cartera u objetos de valor que traes. En resumen, te asalta y te roba. En esa misma escena, cansados de tanta impunidad, la misma ciudadanía se organiza y captura a los malhechores, los somete y son entregados a la policía. Los uniformados, proceden y ponen a disposición del ministerio público, que dependiendo del hecho y el móvil, será ante la fiscalía del Estado o de la República.
Es en este punto en dónde pondremos especial interés en esta ocasión. Retomando el ejemplo de los adolescentes que acaban de asaltar, el ministerio público deberá deslindar responsabilidades y abrir una carpeta de investigación ¿Te suena conocido? Los ciudadanos que fueron víctimas del delito “deberían” acudir a presentar su declaración y hacer su denuncia para lo cual deberán de invertir cerca de tres o cuatro horas (a veces más) para denunciar los hechos. Pero si no lo hacen, en poco tiempo los agresores saldrán libres en total impunidad.
Analicemos ambos casos. De presentar denuncia ¿Quién investiga? ¿Cómo se procede? ¿Existe personal capacitado en la procuración de justicia? ¿Cuánto tiempo dura el proceso? ¿Se castiga a los culpables? ¿Existe un sistema de reinserción en la sociedad para que no se vuelva a delinquir? Daré un dato escalofriante. Según cifras de la Encuesta Nacional de Victimización y Percepción sobre Seguridad Pública (ENVIPE), realizada por el INEGI, la llamada cifra negra (delitos no denunciados) en nuestro país fue en 2017 del 93.2%, esto quiere decir, que en nuestro país no son denunciados alrededor de 93 de cada 100 delitos que se cometen.
Así es estimados lectores, la gente no denuncia el delito. Los ciudadanos no denuncian porque el sistema de justicia no garantiza la procuración de justicia y las fiscalías no ofrecen un trato adecuado a la víctima. En resumen, se detiene al delincuente pero las fiscalías no realizan su función sustancial que es coordinar una investigación y persecución de los delitos del fuero común y federal o ejercitar la acción penal conforme a derecho. Tenemos un serio problema en ello.