Redacción / Ciudad de México
The New York Times, en su edición del lunes de la semana pasada, publicó en primera plana “Spyware destinado a frustrar el crimen está entrenado en críticos de México”, en donde se daba a conocer el espionaje de las autoridades en contra de periodistas como Carmen Aristegui, Carlos Loret, Raymundo Riva Palacio y defensores de Derechos Humanos.
Una investigación especial del portal Eje Central, menciona que cuenta con documentos que demuestran la vigilancia a 729 personas en el verano de 2015; se incluyen empresarios, cantantes, presuntos narcotraficantes y particulares sospechosos de delitos federales.
“Funcionarios del INAI, artistas, hijos de políticos, empresas de seguridad, periodistas, abogados de narcotraficantes, estudiantes universitarios, policías federales, médicos, defensores de derechos humanos; integrantes del Consejo de la Judicatura Federal, miembros de la Sección 22 de la CNTE, exdiputados federales y locales, órganos de fiscalización estatales, deportistas, funcionarios públicos de alto nivel, municipales y estatales de Guerrero e Hidalgo estaban en la mira”, publica Eje Central.
El espionaje se consumó a través de un malware que tiene capacidades idénticas al de origen israelí, conocido como Pegasus, el mismo que el periódico The New York Times documentó y publicó esta semana, el 19 de junio, donde señala que utilizaron dependencias de la administración de Enrique Peña Nieto en contra de activistas y periodistas.
No se pudo determinar si ese software es Pegasus, porque el gobierno tiene cuando menos seis programas de esa naturaleza, que pueden invadir los dispositivos celulares y convertirlos en un trasmisor de información de audio, fotografías, video y contactos, además de tener en tiempo real conversaciones a través de los distintos chats que se utilicen en teléfonos.
En los documentos, con fecha de los mensajes espiados del 31 de agosto al 14 de septiembre de 2015,quedaron registradas 729 operaciones sobre vistas o escuchas; además de 220 números de celular sin identificación, de los que aún se desconoce a quien le pertenece la línea telefónica.
Los personajes que sobresalen son: la periodista Carmen Aristegui, con cuatro mensajes del 11 de septiembre de 2015; María del Carmen Hernández García, presidenta de la Comisión Estatal de los Derechos Humanos de Hidalgo (CEDH); Maribel González Ramírez, exconsejera electoral de Puebla; José Cruz Lizárraga, exmiembro de la Banda El Recodo y nieto de don Cruz Lizárraga, fundador del grupo.
Otros de los blancos fueron: José María Abasolo Astigarraga, miembro de la organización ETA, quien se encuentra prófugo y que, según una página de Facebook encontrada con dicho nombre, se localizaría en Querétaro; José Ramón López Beltrán, hijo de López Obrador; Julieta Sánchez Ramos, esposa del expresidente municipal de Tuxpan, Juan Ramón Ganem, y KarimeYaspik Cáceres, quien se encuentra adscrita al Departamento de Control y Gestión Administrativa de la Secretaría de Finanzas Públicas de Hidalgo.
También figuran, el Centro de Apoyo al Microempresario IAP, que dentro de su patronato tiene como miembros a Alfredo Hubard Deffis, José Manuel Méndez Martínez, Manuel de la Peza Muñoz Cano y Mariano Ruiz Funes, quien fuera de noviembre de 2009 a diciembre de 2012, subsecretario de Agricultura de la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca, y entre enero de 2007 y septiembre de 2009, coordinador de asesores de la Dirección General de Petróleos Mexicanos y también socio fundador del Grupo de Economistas y Asociados (GEA).
De acuerdo con la secuencia que fue diseñada para la operación de espionaje, el envío de mensajes de texto comenzó el 31 de agosto con un total de 25 y finalizó 14 días después, el 14 de septiembre, ambas correspondientes a lunes, en la que se enviaron sólo cuatro SMS.
El análisis de los datos permitió detectar que el jueves 3 de septiembre se enviaron 84 mensajes de texto cargados con el malware, siendo esta la jornada la del mayor número de envíos.
En las dos semanas que duró el ataque, los martes fueron los de mayor intensidad con 165 envíos, a los que siguieron los sábados con 141, lunes con 111, domingo y jueves con 99 cada uno, miércoles con 64 y viernes con 50.
De acuerdo con la investigación realizada por ese portal de noticias revela que el software malicioso, desarrollado por la firma NSO Group, fue presumiblemente adquirido por al menos tres dependencias en México: la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena), la PGR y el Centro de Investigación y Seguridad Nacional (Cisen).
El 24 de agosto de 2016, los investigadores del CitizenLab de la Universidad de Toronto documentaron el modus operandi de la infección que consiste en el envío de un mensaje SMS al objetivo con un texto que busca engañarlo, mediante el uso de técnicas de ingeniería social, para hacer clic en un enlace adjunto.
Al hacer clic en el enlace, el navegador se abre y redirige al objetivo a uno de los sitios electrónicos de la infraestructura de NSO Group, dándole la oportunidad al malware de instalarse en el dispositivo a causa de una vulnerabilidad en el sistema operativo.
Un día después de la publicación en The New York Times, en la que se asegura que cada infección exitosa para espiar a criminales y críticos del gobierno tendría un costo cercano a 77 mil dólares, Osorio Chong rechazó que el Estado mexicano realice o haya realizado algún tipo de espionaje o investigación a periodistas, defensores de los derechos humanos u organizaciones no gubernamentales:
“Nosotros rechazamos el que de parte del gobierno se estén ocupando estos, cualquier instrumento para seguimiento o espionaje a algún medio de comunicación”, enfatizó el responsable de la Policía Federal y del área de inteligencia civil, el Cisen.
Por su parte el presidente Peña Nieto, tres días después de la publicación de The New York Times, pidió aplicar la ley a quienes acusan al gobierno de espionaje, ya que, dijo, el suyo “es un gobierno democrático, que respeta y tolera las voces críticas”.
“Espero que la Procuraduría General de la República con celeridad pueda deslindar responsabilidades y espero, al amparo de la ley, pueda aplicarse la justicia contra aquellos que han levantado estos falsos señalamientos contra el gobierno”, mencionó el ejecutivo en un evento en Jalisco.
Asimismo, expresó que él mismo ha recibido mensajes “de una fuente u origen desconocido, pero procuro en todo caso ser cuidadoso en lo que hablo telefónicamente”.