Redacción
El ex gobernador de Veracruz, Javier Duarte de Ochoa, fue localizado y detenido en un hotel del municipio de Panajachel, departamento de Sololá, en Guatemala, tras casi seis meses prófugo de la justicia, por la Procuraduría General de la República (PGR).
A través de Twitter, la PGR confirmó la detención del exgobernador de Veracruz durante el periodo 2010-2016, cargo que dejó inconcluso al pedir licencia el pasado 12 de octubre en medio de severos cuestionamientos. Una semana después la Agencia de Investigación Criminal (AIC) emitió una orden de aprehensión.
La PGR señaló que Duarte fue localizado y detenido en el municipio de Panajachel, departamento de Sololá, y es requerido por la justicia mexicana por su probable responsabilidad en la comisión de los delitos de Delincuencia Organizada y Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita.
“Javier Duarte de Ochoa es requerido por la orden de aprehensión librada en su contra el 14 de octubre de 2016, por el Juez de Distrito Especializado en el Sistema Penal Acusatorio del Centro de Justicia Penal Federal en la Ciudad de México, con residencia en el Reclusorio Norte, en los autos de la causa penal número 97/2016, por su probable responsabilidad en la comisión de los delitos de Delincuencia Organizada y Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita”, informaron en el comunicado.
La Interpol buscaba a Duarte de Ochoa en países de Centroamérica, el Caribe, Canadá y Europa, tras la detención de los exgobernadores de Sonora, Guillermo Padrés, y de Tamaulipas, Tomás Yarrington, por lo que la atención nacional se centraba sobre el exmandatario veracruzano.
Al priista Duarte se le acusa de los delitos de peculado, delincuencia organizada, desvió de recursos públicos, delitos electorales, entre otros, además de haber dejado a Veracruz sumido en la quiebra y en una severa crisis de seguridad por el asentamiento del crimen organizado, que dejó más de dos mil desaparecidos en su sexenio y una estadística oficial de siete mil homicidios dolosos.
Ahora, a través de la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE), el gobierno de México solicitará su extradición, en un plazo máximo de 60 días.