Después de 14 años, un juez giró una orden de aprehensión contra el exgobernador de Puebla Mario Marín Torres; el empresario textilero, Kamel Nacif Borges; el ex titular de Seguridad Pública Adolfo Karam, y el ex comandante Juan Sánchez, por su presunta responsabilidad en la tortura contra la periodista Lydia Cacho; sin embargo, hasta el momento, solo Juan Sánchez ha sido capturado.
Fue el pasado 11 de abril que el Primer Tribunal Colegiado del Vigésimo Séptimo Distrito, con sede en Cancún, Quintana Roo, giró orden de aprehensión contra estos cuatro personajes, luego de que en el resolutivo 04/2019 del tribunal federal señalara que el 26 de noviembre de 2018, un juez del segundo distrito negó la orden de aprehensión en contra de estas personas, pero tras una apelación se revocó dicho expediente y se libró dicha orden.
Luego de darse a conocer la información, la periodista Lydia Cacho escribió en su cuenta de Twitter: “Sí, son 14 años de persecución, de abogadas y abogados, de pelear con el sistema corrupto. De salir corriendo del país ante amenazas, de jueces y fiscales corruptos. El logro judicial es mío, de mi familia y abogados, de ustedes. Gracias”.
Por su parte, el presidente Andrés Manuel López Obrador celebró la orden de aprensión de estos personajes; sin embargo, rechazó haber sido consultado sobre esa decisión. “Yo celebró el que se esté dando trámite a esa denuncia y se proceda legalmente, esto también es un signo de los nuevos tiempos”, señaló AMLO.
Prosiguió: “anteriormente había la costumbre de preguntarle al Ejecutivo cuando se iba a tomar una decisión de ese tipo, ahora no me consultaron, no supe; es una decisión independiente, autónoma, del Poder Judicial”, dijo el Ejecutivo Federal.
Los hechos
Fue en el año 2005 que la periodista Lydia Cacho público su libro “Los demonios del edén”, en el cual denunciaba una red de pederastia en la que participaba Kamel Nacif, mejor conocido como el “Rey de la mezclilla”, y otros empresarios mexicanos y del extranjero. Ante ello, Nacif denunció a Lydia Cacho por difamación y calumnias.
El 16 de diciembre de ese mismo año (2005), Lydia Cacho fue detenida por la policía judicial poblana en la ciudad de Cancún y trasladada vía terrestre a la ciudad de Puebla; en el camino la periodista sufrió actos de tortura por parte de los agentes. La periodista logró quedar en libertad tras pagar una fianza de 70 mil pesos, pero el proceso legal en su contra duró más de un año.
Fue en febrero de 2006, que medios nacionales difundieron una conversación telefónica que sostuvo el entonces gobernador de Puebla con Nacif, quien le agradecía al entonces gobernador la detención de Cacho y de haberle dado un “coscorrón”.
Ante ello, el 13 de marzo de 2006 Lydia Cacho denuncia ante la Fiscalía Especial para la Atención de Delitos Relacionados con actos de Violencia en Contra de las Mujeres (FEVIM) y Fiscalía Especial para Delitos Cometidos contra Periodistas, ambas instancias de la Procuraduría General de la República (PGR), al gobernador Mario Marín y al empresario de origen libanés Kamel Nacif.
Asimismo, son denunciados Blanca Villeda y la Juez Rosa Celia Pérez González por los delitos de cohecho, tráfico de influencias, abuso de autoridad, tentativa de violación y falsedad de declaraciones, sin embargo, las denuncias no procedieron.
En junio de 2018, el Comité de Derechos Humanos de la ONU emitió una resolución en contra del Estado mexicano, en contraposición a lo que antes había determinado la SCJN; pero fue a mano del gobierno de Andrés Manuel López Obrador y el Estado mexicano ofreció disculpas públicas a Cacho por los actos de tortura de los que fue víctima.
El pasado 16 de febrero del presente año, fue detenido Juan Sánchez Moreno, quien fuera el jefe de la ya desaparecida división de Mandamientos Judiciales de la entonces Procuraduría General de la República (PGR) de Puebla.