Hipólito Contreras/Puebla, Pue.
El crecimiento urbano de la ciudad de Puebla ha sido intenso y sin planeación en los últimos 30 años, en este crecimiento desordenado se da el acaparamiento de la tierra, el daño y exclusión de ejidatarios, y al mismo tiempo el agotamiento de las reservas de agua.
El tema lo analiza Guadalupe Sánchez Jiménez, dirigente social y ex asesor del Frente de Expropiados; afirma que desde la reforma a la Constitución en 1994, los ejidos que rodean la capital del estado quedaron a merced de las inmobiliarias y políticos, los que se adueñaron de cientos de hectáreas agrícolas, las que se sumaron al desarrollo urbano.
Expuso que el desarrollo urbano de la capital, principalmente en el sur, ha sido muy excluyente, los gobiernos han privilegiado los intereses privados sobre los intereses sociales de las comunidades.
Advirtió que este acelerado crecimiento de la Ciudad va a llevar en el futuro a un daño a la cuenca hidrológica que hoy dota de agua a la capital.
Recordó que desde la expropiación de tierras en 1991 a la fecha, no se ha tomado en cuenta a las comunidades, sus necesidades sociales, educativas, seguridad social, empleos.
El decreto expropiatorio de más de mil cien hectáreas en 1991, explicó, tuvo como fin reordenar el crecimiento urbano y evitar que la mancha urbana creciera en forma desordenada; sin embargo, el procedimiento fue muy violento y formó parte de un proceso de acumulación de la tierra, a los ejidatarios se les pagó de 4 a 7 pesos el metro cuadrado y se les excluyó del desarrollo, la tierra se entregó a particulares quienes la comercializan en dólares.
Lo que se vive en los ejidos de Malacatepec y Santa Clara Ocoyucan, expuso, es un proceso de acumulación y especulación de tierra, coyotes e inmobiliarias compraron a precios irrisorios las hectáreas; una hectárea que compraron en 80 mil pesos, hoy puede valer entre 40 y 80 millones de pesos, además el gobierno les dota infraestructura en beneficio de las inmobiliarias.
Denunció que la Comisión Nacional del Agua (CONAGUA) ha permitido que las inmobiliarias y fraccionadores perforen pozos particulares, con lo que no sólo acaban con la zona agrícola sino con el agua, “no estamos lejos de que esos pozos se acaben”.
Destacó que mientras en la zona sur los fraccionamientos tienen lo necesario, hay muchas colonias que carecen de servicios y sin posibilidades de desarrollo, “por eso pedimos al nuevo gobierno estatal y municipal que planee el desarrollo urbano, y se dé la fiscalización del agua y se implementen políticas de desarrollo social”.
Pidió al gobierno revise la política de planeación urbana y que las finanzas publicas del estado, el sector privado, dijo, no sólo es beneficiado con la adquisición de tierra a bajo precio, sino que son dotados de infraestructura de manera gratis.
Señaló que en el sur de la ciudad, donde la ciudad se expande, hay pobreza en comunidades como San Antonio Cacalotepec, Santa Clara Ocoyucan y Malacatepec.
El desarrollo urbano de la Ciudad, dijo, debe tener una visión global, debe hacerse un estudio hidrológico y de planeación urbana en una perspectiva de 20 años.
Expuso que en una planeación urbana las colonias y municipios conurbados deben tener un desarrollo urbano activo y que no se privilegie el sector privado, “debe abrirse un espacio de discusión en el que participen urbanistas, sociólogos, universidades, para que se dé un desarrollo planificado, no ocurrencias permanentes de los políticos.