Gabriel Sánchez Andraca / Semana Política

Entre 20 y 50 mujeres, que se van turnando, están de plantón frente al edificio del Congreso del Estado. Todas tienen algún familiar desaparecido y no reciben ayuda de ninguna autoridad para su localización. Exigen que se emita una ley que obligue a las autoridades de la Fiscalía General del Estado a realizar su trabajo para localizar a las personas que, por diversas causas, han desaparecido.

Nadie les hace caso y los diputados ni siquiera han leído el proyecto que presentaron, con apoyo de abogados de la Universidad Iberoamericana y de representantes de la ONU, para que quienes sufren las consecuencias de una desaparición, los familiares más cercanos reciban apoyo de las autoridades que cuentan con todos los elementos para llevar a cabo una investigación, y no los dejen solos y los traigan a la vuelta y vuelta.

Dicen que dialogaron con el diputado morenista Gabriel Biestro, cuando fue presidente del Congreso y no llegaron a ningún acuerdo; han conversado con la diputada Estefanía Rodríguez, también de Morena y nada han conseguido. Algunos legisladores como Nora Escamilla del PT y otros, las han citado para dialogar, pero las han dejado plantadas.

Han recibido ayuda de diversas personas que les llevan algo de comer o les dan dinero en efectivo para apoyarlas, pero de las autoridades no han recibido nada. El palacio legislativo está permanentemente cerrado desde hace tiempo por la pandemia, y ellas ya están preparadas para que una comisión se entreviste con los nuevos diputados que entrarán en funciones en octubre.

LA DESAPARICIÓN DE PERSONAS, ES UN DELITO que se sufre en Puebla desde los últimos 12 años. En ese tiempo se ha perdido contacto con 2 mil 700 personas, entre hombres, mujeres y niños, de las más diversas edades y condición social, y es lógico dicen, que no se las tragó la tierra.

Que, si no aparecen, es porque las secuestraron, sufrieron algún accidente, las asesinaron, o a los niños los entregaron para traficar con sus órganos vitales. También hay casos de desapariciones por conflictos familiares o porque algunas chicas se fugaron con el novio, pero el más alto porcentaje, es por acciones delictivas de la delincuencia organizada.

Victoria Rosales Camacho, busca a su hija desde hace cuatro años. Ella la acompañó hasta la combi que la llevaría a la escuela, a la que nunca llegó, ni regresó a su casa. La ha buscado por todas partes y sin ningún apoyo oficial. Hay muchos casos realmente dramáticos que requieren de atención inmediata.

La exigencia de estas madres de familia, que están en plantón desde el día 15 de este mes, es que se expida una ley, que garantice a quienes se enfrenten a una situación como éstas, que recibirán todo el apoyo oficial para la búsqueda, localización de sus familiares y castigo ejemplar para quienes hayan cometido un delito en caso de secuestro o de lo que sea.

Sin una ley sobre este tema, Puebla, que ya está en tercer lugar a nivel nacional por el número de desaparecidos, según expresaron, seguirá padeciendo de este delito, sin que los familiares que son los que más sufren por esto, reciban el más mínimo apoyo del gobierno, que está obligado a brindar seguridad y protección a todos los ciudadanos.

La licenciada Guadalupe Sánchez Jiménez, del Colectivo de Abogados de Puebla, considera que el reclamo de las personas que están exigiendo una ley que les brinde apoyo para resolver sus graves problemas, es justo. El Congreso debe atender la demanda y crear una comisión para atender el problema de la desaparición de personas, y la Fiscalía debe abrir un canal de mediación.

Es obligación de las autoridades federales, estatales y municipales, brindar seguridad a todos los ciudadanos sin distinciones de ningún tipo.

El gobernador Miguel Barbosa Huerta, se reunió en la ciudad de Xalapa, capital del vecino estado de Veracruz, con Cuitláhuac García Jiménez, su homólogo de esa entidad, para tratar problemas de seguridad en los 800 kilómetros de frontera entre ambos estados.

En la reunión estuvieron autoridades de Gobernación de uno y otro estado, de Seguridad, de Protección Ciudadana, representantes de la Sedena y de la Guardia Nacional, habiendo acordado entre otras cosas, crear tres módulos de seguridad que cubran la zona fronteriza; en el tramo de Esperanza-Maltrata; en la zona de Aculcingo y en otro lugar que está por definirse.

Estos módulos estarán dedicados a la investigación y aprehensión de los delincuentes que actúen en esa región que comprende a 33 demarcaciones municipales de Puebla y 36 de Veracruz. Evitarán los asaltos al transporte de mercancías y pasajeros, y atenderán en forma coordinada, todo lo referente a problemas de inseguridad.

La zona fronteriza con Veracruz se ha dividido en cinco regiones, para facilitar el trabajo, y actuar con mayor efectividad.