Por: Alejandro García Azcué
Todo gobierno subsiste de los impuestos que pagan los habitantes, llamados contribuyentes. En México, cada trabajador de gobierno contribuye con alrededor del 35% de su sueldo base.
Existen impuestos federales como, por ejemplo; Impuesto Sobre la Renta, Impuesto al Valor Agregado (IVA). Otros son estatales, como pago de derecho vehicular o cambio de placas, y otros son municipales, como predial, u otro como sobre la compra o venta de inmuebles. Existen otros servicios que el municipio cobra, como por ejemplo barrido y limpieza, recolección de basura, agua potable, drenaje, o alumbrado público.
¿Qué es el DAP?
En esencia, el DAP no es un derecho sino una contribución, y su cobro se apoya normalmente en las Leyes de Ingresos de los Municipios. El DAP, es un tributo por derecho de alumbrado público, que cobran los municipios a través de la Comisión Federal de Electricidad, por el servicio de alumbrado público de calles, parques, plazas o lugares de uso común.
Dicho pago, aparece en el desglose del pago, y aparece como concepto DAP, en la parte inferior derecha de cada recibo de luz y es de alrededor de un 5% del pago total. Este cobro solo se hace en 21 de los 32 estados del país, como son: Aguascalientes, Baja California, Campeche, Chihuahua, Coahuila, Colima, Durango, Michoacán, Morelos, Oaxaca, Puebla, Guanajuato, Guerrero, Hidalgo, México, Querétaro, Quintana Roo, Sonora, Tlaxcala, Yucatán y Zacatecas.
Aunque en el artículo 115, fracción 4, de nuestra Constitución, se enmarca que el cobro de alumbrado público les corresponde a los municipios, no está claro con base en qué nos lo cobran. La forma de calcularlo es muy ambigua, pues solo se precisa que se deberá pagar la cantidad consumida entre todos los usuarios o habitantes sin que la cantidad pase del 10% del gasto del recibo, pero no se detallan los kilowatts consumidos, el número de personas o usuarios entre los que se reparte o la tarifa que aplica.
Es decir; a todos nos cobran alrededor de un 5%, pero hay lugares más alumbrados que otros, y aún así nos tasan de igual manera. Este cobro se hace por convenios con la CFE, enmarcado el artículo 1 de la ley de la industria eléctrica que dice: el DAP es un monto que cobra la Comisión Federal de Electricidad (CFE) que aparece en la factura de los usuarios de energía eléctrica, lo cual le facilita la recaudación de las administraciones municipales.
El problema en Puebla
Los municipios se encuentran facultados para cobrar un Derecho de Alumbrado Público (DAP), como una contribución establecida a su favor para fortalecer sus finanzas públicas. Pero en Puebla, este año dejó de cobrarse, pues el Congreso local tuvo que eliminar de la Ley de Ingresos del municipio de Puebla para este año el cobro del DAP, debido a que la Suprema Corte de Justicia de la Nación lo consideró inconstitucional. Sin embargo, en nuestros recibos, nos siguen cobrando el DAP (solo revise su recibo).
La semana pasada, los ediles de los 217 municipios en el estado, tuvieron una reunión con el gobernador Miguel Barbosa Huerta, para pedirle la retribución de estos cargos a las arcas municipales, alegando que la mayoría de ellos no alcanzan a cubrir el costo del servicio de alumbrado público con lo que obtienen de la recaudación del DAP, y se siguen acumulando grandes deudas a la CFE mes con mes, lo que se convierte en una cadena de deficiencias, ya que solo se alcanza a pagar un 65% de los adeudos, alegando los alcaldes que se adelgazan sus finanzas.
La problemática de recaudación de este cobro en por deficiencia de acuerdos claros entre la CFE y los municipios. Otra de las deficiencias que enflaquecen las finanzas, está en la deteriorada red de alumbrado público, y mayoritariamente por el robo a través de “diablitos”, o “colgarse del alambre”, como comúnmente se le conoce. Porque esa luz que se roban no la pagan quienes se la roban, la pagamos todos los usuarios a través del DAP.
Ya es necesario la modificación de las leyes y que éstas sean más estrictas para aquellos que se roban la luz. Así mismo, también es importante la transparencia de los recursos ingresados y egresados en los municipios.
