Redacción / Puebla, Pue.
En lo que va de enero a noviembre de este año, las denuncias por incumplimiento de padres para el pago de pensiones a sus hijos en Puebla, registraron la cifra más alta desde el año 2015, cuando el gobierno federal comenzó a publicar los registros de incidencia delictiva.
Luz Arredondo Díaz, representante en Puebla del Frente Nacional Contra Violencia Vicaria (FNCVV), comento que el dato visibiliza la problemática que afecta principalmente a las madres, quienes se quedan con el cuidado de los menores.
Según las estadísticas oficiales presentadas por el Sistema Nacional de Seguridad Pública (SNSP), en los primeros 11 meses de este año, se abrieron 527 carpetas de investigación por el delito de incumplimiento de las obligaciones de asistencia familiar, que en promedio son 1.5 denuncias al día.
Estos datos sólo abarcan hasta noviembre de este año, el dato de denuncias por incumplimiento en el pago de obligaciones de este 2024 ya es el más alto desde el 2015, cuando la información pública comenzó con el registro y está pendiente el mes de diciembre por contabilizarse.
Ante este panorama, la también maestra en Derecho Administrativo y Fiscal Luz Arredondo Díaz, reiteró que el incremento anual de denuncias se debe a la visualización social que tiene la problemática, así como las leyes impulsadas en la materia.
“Muchas mujeres que por el temor a exigir sus derechos no presentaban denuncia, pero al día de hoy están saliendo y venciendo ese miedo, por eso hay un incremento de número, es una parte de ver una realidad de padres que han abandonado a sus hijos y que no se hacen responsable económicamente de ellos y tampoco de la paternidad”, apuntó.
Si bien la denuncia es un paso fundamental, todavía existen pendientes para lograr sanciones reales para las personas deudoras, en este sentido, Arredondo Díaz hizo énfasis en la falta de un registro estatal de deudores alimentarios, a pesar de que en noviembre del año pasado se aprobó su creación como parte de la “Ley Sabina”.
El objetivo de esta ley era que las autoridades crearan un listado para exhibir a las personas que incumplen con sus obligaciones, así como restringirlos de diversas acciones como acceder a la licencia para conducir, el pasaporte y otros documentos de identidad (por lo que no podrían salir del país), así como la prohibición de participar como candidatos a cargos de elección popular y tampoco podrían postularse en procesos de selección para jueces o magistrados, tanto en el ámbito local como federal.
“Hay resistencia de las autoridades para hacer visible este tipo de violencia, por eso es importante hacer la denuncia y tener un número correspondiente”, enfatizó Arredondo Díaz.
La capital poblana acumuló el 39.8 por ciento de los casos, con 210 denuncias, San Andrés y San Pedro Cholula, sumaron 52, es decir 9.8 por ciento; Tehuacán sumó 28 reportes, equivalente a 5.3 por ciento, Cuautlancingo reportó 15 casos de incumplimiento de obligaciones, 2.8 por ciento; y Huejotzingo con 6, equivalente al 1.1 por ciento.
