Nicolás Dávila Peralta / Punto de Vista
A partir del gobierno de Carlos Salinas de Gortari se inició un proceso de desmantelamiento de las dos principales empresas del Estado: Petróleos Mexicanos y la Comisión Federal de Electricidad (CFE), ambas calificadas como estratégicas para el país; la primera desde el decreto de expropiación firmado por el presidente Lázaro Cárdenas del Río, y la segunda, nacionalizada por el presidente Adolfo López Mateos.
Para este fin, el gobierno de Salinas buscó la forma de abrir la puerta al sector privado a través de contratos que no violaran las leyes vigentes entonces. Así, en cuanto a la producción de energía eléctrica, se inició el otorgamiento de permisos para el autoabastecimiento de algunas empresas.
En los sexenios siguientes se concretaron nuevos contratos que convirtieron a la Comisión Federal de Electricidad en una empresa compradora de energía a consorcios privados que, a su vez, utilizan la infraestructura de la empresa estatal para la conducción de la electricidad que ellos producen, venden o usan en calidad de autoabasto; tal fue el caso de Termoeléctrica del Golfo que desde 2006 entregó energía a Cemex a través de la infraestructura de la CFE.
Fue precisamente en el sexenio de Felipe Calderón cuando entró al mercado de producción, venta y distribución de energía eléctrica de empresas privadas la española Iberdrola, que hoy se ha convertido en la principal beneficiada con los contratos leoninos del sector privado con la CFE.
Hoy existen 33 centrales de productores independientes que venden la energía que producen a la CFE, a la cual le han amarrado las manos con contratos que vencen hasta 2039 y que le costarán a la empresa estatal más de dos billones 761 millones de pesos hasta su vencimiento. La principal ganadora de estos contratos es, desde luego, la española Iberdrola.
Pero además de esta empresa hay otras también extranjeras y consorcios de los multimillonarios mexicanos como Carlos Slim, Ricardo Salinas Pliego, Claudio X. González (fundador de “Va por México”) y otros más que hoy integran el bloque empresarial que se opone a la reforma que ha presentado el presidente López Obrador al Congreso de la Unión en materia energética y que incluye, además de reformas que benefician a la Comisión Federal de Electricidad, la normatividad para la explotación de litio, mineral hoy codiciado por su vasta aplicación en la tecnología.
Y ya que he citado a la empresa española Iberdrola, es bueno conocer los efectos que la privatización de la producción, distribución y venta de la energía eléctrica hoy padece España.
En primer lugar, los españoles sufren las tarifas más altas de Europa en energía eléctrica, porque está en manos cien por ciento del sector privado. ¿Y sabe usted cuál es la empresa que se queda con el mayor porcentaje de ganancias de estos precios elevados de la electricidad en España? Iberdrola, la misma que hasta hoy domina el mayor porcentaje de la producción y venta de energía eléctrica privada en nuestro país.
A propósito, en una entrevista para 11 Noticias, el catedrático de la Universidad de Barcelona, Gonzalo Bernardos afirmó: “y lo más fastidiado es que con la complacencia de todos los partidos políticos, pase lo que pase, todos han estado al servicio de las eléctricas, así de bien les ha ido a ellas; así de mal nos ha ido a todas las familias y a todos los consumidores”.
Y como en México, ex funcionarios se han convertido en asesores de las empresas privadas que hoy manejan y han encarecido la energía eléctrica en España.
Eso mismo sucede en México y por eso el Partido Acción Nacional se opone a la reforma que en el ramo de energía eléctrica se analiza en el Congreso de la Unión.
Felipe Calderón, el que le abrió las puertas a Iberdrola, hoy es consejero de Avangrid, una filial de esa empresa española; la que fue su secretaria de Energía, Georgina Kessel Martínez, es miembro del consejo de accionistas de Iberdrola, y Luis Téllez Kuenzler, secretario de Comunicaciones y Transportes en el sexenio de Felipe Calderón y de Energía en el de Enrique Peña Nieto, fue consejero de Carlyne, proveedora estadounidense de energía eléctrica y ahora lo es de Femsa, que también vende electricidad a la CFE.
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La reforma energética de Enrique Peña Nieto, cobijada por el PRI, el PAN y el PRD, y al amparo de sobornos a legisladores, oficializó esta privatización de la energía eléctrica que hoy el presidente López Obrador propone revertir. De ahí el enojo de los panistas, de los empresarios y de los políticos involucrados y beneficiados con la entrega de la electricidad a empresas privadas.