Opinión de: Nicolás Dávila Peralta

La consulta popular del 1° de agosto, a pesar del macro resultado en cuestión de porcentaje del electorado participante, ha sido el primer paso en el ejercicio de la democracia participativa de la que ha carecido nuestra democracia.

Se ha creado la idea de que la democracia termina cuando, después de que el ciudadano emite su voto en un proceso electoral, se designan autoridades o representantes ante el Congreso de la Unión o los Congresos locales; pero eso es únicamente democracia representativa.

Sin embargo, la democracia tiene otro aspecto ignorado por los ciudadanos y no aplicado por las autoridades: la democracia participativa que consiste en que el ciudadano participe en las decisiones que se tomen en los tres niveles de gobierno.

A este tipo de democracia pertenece la consulta popular; al ciudadano se le pide su opinión sobre algún asunto que contribuya a la toma de decisiones de las autoridades. Los dos aspectos, la elección de autoridades y representantes, y la participación activa del ciudadano en la toma de decisiones de las autoridades, hacen realidad la democracia plena de una República.

La consulta popular del 1° de agosto fue un primer paso para que los mexicanos entremos a la práctica de la democracia participativa.

La mínima participación del electorado el 1° de agosto, es comprensible porque durante siglos el mexicano está acostumbrado a que la autoridad decida sin consultarlo. Históricamente ha prevalecido la cultura del tlatoani, del caudillo al que todo se le alaba y al que todo se le justifica. Esa cultura sigue vigente en un amplio sector de la población, por lo que no sabemos para qué sirve que nos consulten.

El segundo factor que incidió en la poca participación fue la mínima y errónea promoción de la consulta. El principal argumento fue que se consultaba si se metería o no a la cárcel a los cinco últimos presidentes de la República (Salinas, Zedillo, Fox, Calderón y Peña), cuando en el texto impreso en la boleta no se nombraba a ex presidente alguno.

Fue errónea porque no se presentó con claridad el objetivo de esta consulta. Es claro que encarcelar a alguien, así sea un ex presidente, no depende de la opinión ciudadana sino de procesos judiciales y administrativos que demuestren la culpabilidad de alguien.

Asimismo, se olvidaron de poner en claro los dos principales objetivos de la consulta planteados en la boleta: el proceso de esclarecimiento de las decisiones tomadas en gobiernos anteriores y garantizar justicia y respeto a los derechos de las víctimas.
Además de errónea, la promoción fue mínima, y en esto contribuyó la omisión de la autoridad electoral que no promovió la participación, sino que en muchos lugares cambió de lugar las casillas para emitir la opinión ciudadana.

Todo esto llevó a muchos ciudadanos a concluir: ¿para qué me preguntan?, solo métanlos a la cárcel, y ya.

De acuerdo con la Constitución Política del país y la Ley Federal de Consulta Popular, si al menos el 40 por ciento del electorado participa en una consulta, ésta se vuelve vinculante, lo que significa que las autoridades competentes están obligadas a tomar en cuenta la opinión ciudadana.

Así pues, si la votación hubiese llegado a este porcentaje, lo menos que debería hacer el Congreso de la Unión es crear los mecanismos para esclarecer muchos hechos sangrientos del pasado, y la Fiscalía General de la República iniciar o continuar las investigaciones y castigar a los culpables de los hechos que mancharon de sangre a nuestro país; enriquecieron ilícitamente a funcionarios y sus familiares, y llevaron a millones de mexicanos a la pobreza.

Ejemplo de estos hechos son: las masacres de Acteal y Aguas Blancas, la represión sangrienta y las violaciones de mujeres por la policía en Atenco, las víctimas de la guardería ABC, el enriquecimiento de los hijos de Martha Sahagún, esposa de Vicente Fox, la “guerra” de Calderón, los vínculos de su gente de confianza con el narcotráfico, el despilfarro de la Estrella de Luz y la barda de la refinería que nunca construyó, así como la desaparición de estudiantes de Ayotzinapa en el sexenio de Peña.

Tristemente, la poca participación no hizo vinculante la consulta; pero sí demostró que la ciudadanía pide justicia y castigo a quienes destruyeron al país, en aras de satisfacer sus propios intereses y, lo más importante, fue el primer paso para establecer en México la democracia participativa.

La próxima consulta, en el mes de marzo de 2022 es sobre la revocación de mandato; ahí se nos preguntará si queremos que López Obrador continúe como presidente de la República. Esperemos que la participación sea mucho mayor de la del 1° de agosto.