#Opinión #Punto de Vista

Por: Nicolás Dávila Peralta 

La semana del 15 al 20 de este mes de mayo ha evidenciado el riesgo de ser reportero o periodista en México, por la indefensión en que ellos se encuentran tanto frente a las amenazas del crimen organizado, como de personajes de la política, empresarios y líderes, y la pasividad con la que actúan las instituciones responsables de procurar e impartir justicia.

El lunes 15 fue abatido a balazos Javier Valdez, corresponsal de La Jornada y fundador del semanario Ríodoce, en Culiacán, Sinaloa, y ese mismo día fue asesinado el reportero Jonathan Rodríguez Córdova, del periódico El Costeño de Autlán, en Jalisco. La semana concluyó con la noticia del secuestro de Salvador Adame, de TV6, en Michoacán.

El asesinato de Javier Valdez levantó una reacción de protesta de reporteros y periodistas en varias ciudades del país y su muerte tuvo impacto en la prensa de otros países.

Frente a estas protestas, el gobierno federal reaccionó más allá de los desangelados Twitter que suele enviar el Poder Ejecutivo para dar el pésame a los medios y a las familias de los asesinados. Esta vez convocó, el 17 de mayo, a una reunión para definir estrategias que contribuyan a brindar seguridad a los comunicadores y garantizar la libertad de expresión.

Desgraciadamente, la estrategia fue más de lo mismo; se anunció el fortalecimiento de las instancias que ya existen para la protección de reporteros y periodistas; se prometió procurar investigaciones que lleven a la captura de los asesinos y un combate frontal contra la impunidad.

Cuando el presidente Enrique Peña Nieto pidió un minuto de silencio por los periodistas asesinados, los fotógrafos y camarógrafos de prensa, únicos presentes de los medios de información, reclamaron más resultados y menos discursos. (Ni a reporteros ni a directores de medios se les permitió la entrada a una reunión que era de interés para ellos).

Esta semana quedó muy clara la desconfianza que la sociedad tiene en las autoridades, pero también el desprestigio que día a día va ganando el gobierno a nivel internacional.

La única arma del reportero es la palabra, frente a las armas de la delincuencia, el autoritarismo de funcionarios públicos y la incapacidad o indiferencia de quienes tienen en sus manos la justicia.

Los casos de Javier Valdez, Jonathan Rodríguez y Salvador Adame no son los únicos. En lo que va del año son ya siete asesinatos de trabajadores de los medios informativos; en el gobierno de Peña Nieto suman ya 36 los asesinatos perpetrados en 14 estados de la República, y van 103 periodistas asesinados en los 17 años de este siglo.

La indiferencia de las autoridades no se cubre con discursos ni con mayores presupuestos a instancias que desde hace mucho debieran presentar resultados; por esto, las críticas han llegado no solo de medios nacionales, sino de medios de otros países.

Una muestra, de crítica mordaz contra el gobierno, es la forma en que el periódico español El País, encabezó la información sobre la reunión del gobierno federal y los gobernadores: El presidente acaba de descubrir que en México matan periodistas, destacó en su edición del 18 de mayo y añadió en el sumario: “El asesinato de Javier Valdez provocó una reacción inusitada y enérgica del Gobierno que, paradójicamente, solo resaltó la ignorancia y la negligencia que han tenido durante años”.

Ser periodista o reportero en México sólo es fácil si se olvida el objetivo de este quehacer: informar y formar opinión.

La editorialista Elisa Alanís (El Universal, 19 de mayo de 2017), en su réplica a la indiferencia de las autoridades frente a los asesinatos, puntualiza: “El periodismo no hace amistad con los políticos. No debe. El periodismoconfronta, critica, escucha, observa, registra, cuestiona. Si bien puede existir empatía, cordialidad o respeto, mantiene distancia para analizar e informar los hechos que se desprenden del quehacer público. Se requiere comunicación para corroborar datos, réplicas, pero no amistad que venda o entregue la pluma o el micrófono”.