Redacción / Izúcar de Matamoros, Pue.

Con llamadas telefónicas, extorsionadores intentan engañar a los ciudadanos de Izúcar de Matamoros tratando de vender la vacuna contra el Covid-19.

A través de reportes ciudadanos, los habitantes han denunciado que estos delincuentes operan en la zona del municipio izucarense, donde a través de llamadas telefónicas se comunican con las víctimas para ofrecerles en venta la vacuna contra el Covid-19.

Según los reportes, los que realizan la llamada dan precios de la vacuna de hasta 2 mil pesos y empiezan a pedir datos personales.

Ante esto, el gobernador del estado, Miguel Barbosa Huerta, advirtió que habrá hasta 7 años de cárcel para quienes intenten extorsionar a la sociedad con la venta de Vacunas Anti Covid, pues no permitirá una estafa contra a población.

Durante su conferencia de prensa de este miércoles, dio a conocer que presentara una iniciativa al Congreso del Estado para reformar el Código Penal, para que este tipo de acciones se califiquen como delitos, por el hecho de engañar a la gente brindando dosis falsas, tanto en persona como vía telefónica o redes sociales.

Por su parte el Consejero Jurídico, Ricardo Velázquez Cruz detalló que la reforma al Código Penal es al artículo 403, donde se tipifica actualmente el tema de fraude utilizando un dolo para obtener un lucro, al cual se le agregarán diferentes rubros.

En el caso del artículo 404 se agrega la disposición para que quien comercialice sustancias que se ofrezcan como vacunas para combatir el Covid-19 y que estén contaminadas, adulteradas o establecimientos, así como a quienes entreguen este tipo de dosis no reconocidas ni validas por las autoridades de salud, se les impondrán procesos jurídicos por delito.

Respecto a la sanción en el Articulo 403, comentó que se aplicará un castigo corporal, es decir, cárcel de entre 5 a 7 años, en el caso de tratarse de un profesional de la salud se incrementará mitad de la sanción es decir entre 7 y 10 años de prisión, además de que se le retirará su licencia médica y se le suspenderá de manera definitiva de sus labores durante 10 años.