Al desaparecer el gobierno federal el Programa de Atención a Jornaleros Agrícolas (Paja), alrededor de 9 millones mexicanos, que migran de sus comunidades para trabajar en la agricultura en los Estados del norte del país, quedaron desprotegidos y tendrán que enfrentar problemas laborales, de insalubridad, falta de educación.
De acuerdo con el Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social, en 2017 el programa atendió a 76 mil personas, y durante el sexenio pasado su presupuesto se redujo: de 270 millones de pesos en 2012 pasó a 213 millones en 2017, pero este año no se le dio un peso.
Antonieta Barrón, académica de la Facultad de Economía de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), y desde hace casi 30 años especializada en el tema, informó que existen alrededor de 3 millones de jornaleros, de los cuales 350 mil son mujeres; sin embragó a ellos se les suma en más de las veces la familia, y así el número de mexicanos que migran a los campos agrícolas del norte llega hasta 9 millones.
El académico reconoció que el programa “era una vergüenza”, pero el actual gobierno no tuvo que desaparecerlo, sino fortalecerlo. “Aunque el Paja era una vergüenza, lo que se debió hacer era fortalecerlo. En los albergues hay un gran abuso, son insalubres, los contenedores de agua están contaminados, no hay drenaje adecuado, hay pocos baños. Pero una ventaja era que si había enfermos, el médico acudía, y los promotores se encargaban de cierta atención”, señaló Barrón.
Indicó que entre los abusos que encuentran los jornaleros están: los abusos a los jornaleros, no se cumplen las promesas de pago, corren a la gente, la abandonan en la carretera, no tienen contrato de trabajo, hay irregularidades en el pago, no hay jornadas fijas, trabajan hasta 15 horas diarias y si no lo hacen no les pagan. Los trabajadores que viajan con sus hijos no tienen derecho a guardería, trabajan 25 años, carecen de seguridad social y no tienen jubilación. El Paja apoyaba a jornaleros en la creación de guarderías, organizaba a la gente para que hubiera cuidado de los niños.
La inconformidad por la situación llevó a 70 mil jornaleros del Valle de San Quintín, Baja California, a que el 17 de marzo de 2015 iniciaran una huelga en demanda de mejores salarios. Efectuaron bloqueos carreteros y protestas por varias semanas hasta que lograron una mejora salarial con un pago de 300 pesos por jornada. El salario promedio es de 160 pesos. Pero en 2018 se los bajaron, dice Barrón.
Indica en que en muchos casos esa mejora salarial llevó a un aumento en la jornada laboral: si cortaban 50 cubetas de jitomate –cada una de 20 kilogramos–, los obligaban a cortar cien.